Plan de apertura de datos producidos en el Poder Ejecutivo Nacional. "Gobierno Abierto" el nuevo paradigma de la gestión y administración pública. Primer paso hacia la transformación cultural.

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El presidente Mauricio Macri firmó, el 12 de enero pasado, el Decreto 117/2016 para que ministerios, secretarías y organismos que dependen del Poder Ejecutivo, presenten "un plan de apertura de datos" en un plazo de 180 días.

Tiene la finalidad de modernizar el Estado y promover el acceso a los datos de gestión. La norma establece que la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Modernización.  “Gobierno Abierto es la palabra y la característica de las gestiones gubernamentales de este siglo”, afirmó el titular de esa cartera nacional, Andrés Ibarra, al anunciar la medida.  También, al mismo tiempo, aseguró que el gobierno argentino impulsará fuertemente el concepto del Gobierno Abierto porque es necesario compartir con la ciudadanía los datos de gestión”.

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En su artículo segundo, el decreto obliga a los organismos del Poder Ejecutivo a que en un plazo de 90 días sea informada, y mantenida a través del "Portal Nacional de Datos Públicos” la siguiente información producida por el gobierno:

a) Estructura orgánica del Poder Ejecutivo.-
b) Nómina de Autoridades Superiores del PEN, así como la Declaración Jurada Patrimonial Integral de carácter público que a cada uno de ellos corresponda.-
c) Nómina del personal contratado vigente, según conste en la Oficina Nacional de Empleo Público.-
 d) Escalafones y escalas salariales aplicables a los diferentes regímenes de empleo público.-
 e) Créditos presupuestarios, según surjan del Sistema Integrado de Información Financiera.-
 f) Contrataciones que tramiten en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.-
 g) Solicitudes de Acceso a la Información recibidas en virtud del Reglamento de Acceso a la Información Pública.-
 h) Audiencias de Gestión de Intereses, según consten en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del PEN.

En referencia a esta medida gubernamental, la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de “Transparencia Internacional”, con destacada trayectoria, desde 1989, en el fortalecimiento de la democracia de nuestro país, explicó a través de su directora de Instituciones Políticas y Gobierno, Rosario Pavese, el concepto de “Gobierno abierto”, resaltando su importancia, como un nuevo paradigma de gestión pública y administración de los recursos públicos que tiene que ver con la promoción de los valores de transparencia, participación ciudadana y colaboración, en la creación y diseño de políticas públicas. Pavese remarcó, además, que el Estado no sólo tiene que promover la apertura de la información, sino, también, generar instancias de colaboración con la Sociedad Civil para crear un proceso más participativo y colaborativo de gobierno.

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Por otra parte, Poder Ciudadano, impulsa la aprobación de un marco jurídico para que se implemente el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) en todos los niveles y poderes del Estado; en donde el acceso a la información que produce el Estado sea gestionado como un derecho de los ciudadanos, por cuanto el mismo está tutelado por las normas constitucionales y convencionales ratificadas por nuestro país, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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Asímismo, organizaciones especializadas en la temática, como "ACIJ" y "CAinfo" afirman que, en tanto derecho humano, el acceso a la información pública tiene una dimensión individual y colectiva, a la vez que se caracteriza por su potencial como herramienta para la exigibilidad de otros derechos.  Esta cualidad, determina que el acceso oportuno a información clara, completa y veraz, sea para los ciudadanos un prerrequisito para el ejercicio de otros derechos fundamentales y para la sociedad civil organizada una herramienta clave para la acción.
Sin embargo, los funcionarios responsables y nuestros representantes parlamentarios nunca hicieron efectiva la realización de este derecho humano, obligando a la gente y a las organizaciones a exigirlo a través de la vía judicial. Hasta el momento, no existen funcionarios sancionados por no colaborar o por obstruir el libre ejercicio del Derecho de Acceso a la información Pública (DAIP).

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A finales del año pasado, se formalizó el lanzamiento de la "Red Académica de Gobierno Abierto", posicionándose como un actor diferenciado en la investigación, docencia, formación, divulgación científica y asistencia técnica para la implementación y evaluación de procesos académicos de gobierno abierto, con incidencia pública.

En este ámbito, patrocinado por el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social "Ides" y el CONICET, esta medida anunciada por el gobierno ha sido recibida con gran satisfacción, porque identificaron que potenciará el trabajo de la Red, que coordina la especialista Ester Kaufman, quien consideró al decreto presidencial como "un buen aporte del Poder Ejecutivo Nacional para iniciar un proceso de transformación cultural, que es lo que implica el nuevo paradigma de Gobierno Abierto para la Argentina".