jueves, 14 de julio de 2011

El rubro 59: entre la hipocresia y la demagogia.

Hoy, los avisos del rubro 59 que ofrecían servicios sexuales en el diario Clarín se mudaron al 47 del mismo diario, camuflados como servicios de Salud y Belleza (masajistas). Por otra parte, se ha incrementado la publicidad de servicios sexuales por medio de volantes en mano y pegatinas de cartelitos, en todo el microcentro porteño. Por lo dicho anteriormente se puede determinar que, como mínimo, la norma que prohibió la publicación de oferta de servicios sexuales, es incompleta o defectuosa, dada la vulnerabilidad demostrada por la misma en la práctica, lo que potencia la idea que la verdadera finalidad del decreto presidencial era tratar de obstaculizar la facturación anual de, aproximadamente, 8 millones de pesos que realizaba el diario Clarín y que la exposición, con bombos y platillos de la presidente Cristina Fernández de Kirchner era un acto absolutamente demagógico y mediático. Una puesta en escena diaria a las que nos tiene acostumbrados el aparato publicitario del gobierno K, el mismo gobierno K que, después de casi 6 años de mayoría parlamentaria mantiene, INAMOVIBLE, la Ley de Actividades Financieras que decretó la dictadura de Videla y que Martínez de Hoz usó para “destruir al sistema económico productivo y provocar el vaciamiento del país” a fines de los años 70.

También, creo que no se ha explorado el siguiente análisis:

Si el gobierno está tan dispuesto a combatir la trata de personas y cree que las publicaciones del rubro 59 pueden llegar a ser un vínculo comunicacional entre las bandas de “trata” con sus potenciales clientes, al decretar la prohibición de los avisos de publicidad esta cerrando una puerta hacia la posibilidad de llegar hasta quienes hacen uso del acto criminal de trata para desarrollar el negocio de servicios sexuales

En síntesis: si Cristina Kirchner quiere combatir el flagelo de trata ¿Por qué anuló por decreto la fuente de información primaria para el esclarecimiento del tema? Los investigadores policiales o judiciales deberían incursionar desde “abajo hacia arriba” en los avisos del rubro 59 para descubrir: lugares, personas de contacto, líneas telefónicas, propietarios de departamentos y locales donde se ejerce la prostitución, y en definitiva podría el Estado determinar, con facilidad, si quien está ofreciendo sus servicios sexuales lo hace por voluntad propia o porque está siendo obligada a ello… ¿No les parece?

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